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Published octubre 11, 2012 by Norio Reyes with 0 comment

Presentan reformas a las Leyes de Familia y contra la Violencia Intrafamiliar


Por Alba de Leiva / Itzchel Ochoa - El Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor, y representantes de la Unidad de Género recibieron este día propuestas de reformas a las Leyes de Familia y contra la Violencia Intrafamiliar, por parte de jueces y juezas de familia y de paz.
Los distintitos jueces y juezas abordaron la problemática que actualmente enfrentan, exponiendo que no pueden brindar una atención adecuada a las víctimas, y una nula atención a los agresores. Asimismo señalaron que se encuentran con limitaciones institucionales, específicamente en la fase posterior a la sentencia que finaliza la actividad procesal y habilita el cumplimiento de las medidas de protección y atención a víctimas y agresores.
Ante este panorama sugieren que se revise la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, la cual no ha sido actualizada desde el año 2004. En este marco, los jueces y juezas presentaron una serie de propuestas de reformas a la normativa, entre las que destaca la imposición de multas a quien incumpla una medida de protección y al funcionario que se niegue a atender una denuncia; dicha regulación no existe actualmente en la normativa.
Solicitan también se cree una Comisión Técnica Interinstitucional (cuya coordinación estaría a cargo de la Secretaría de Inclusión Social), la cual se reuniría por lo menos una vez cada año y cuando lo considere necesario algunos de sus miembros, con la finalidad de revisar y actualizar las políticas y acciones a tomar en el tema.
Para la Diputada Emma Julia Fabián, del Grupo Parlamentario FMLN, las propuestas presentadas servirán para iniciar el proceso de revisión y adecuación de la Ley de la Violencia Intrafamiliar, ya que se han presentado específicamente los artículos a modificar; reiteró además que como Primer Órgano de Estado se unificarán esfuerzos para dotar de recurso técnico, económico y humano a los juzgados, como instancias aplicadoras de las leyes.

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